SANTO DOMINGO.- Legisladores
de las provincias Bahoruco e Independencia consideraron un atentado al
desarrollo de la región fronteriza sugerir el cierre de la única industria
establecida en la Región del Lago Enriquillo, y recordaron el mandato
constitucional que declara de supremo interés nacional el desarrollo
económico y social de esa zona.
Los
senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Antonio
Paula, de Bahoruco, y Juan
Orlando Mercedes, de Independencia, conjuntamente con los diputados de ambas provincias se
sumaron al reclamo de 112 trabajadores de la Industria Licorera La Altagracia
(ILLA) para que se protejan sus empleos y se respete la decisión del Consejo de
Coordinación de Desarrollo Fronterizo que autorizó la operación de esa
empresa en el municipio de Galván, al amparo de la Ley 28-01 de desarrollo
fronterizo.
Los
diputados que suscriben la posición son Eugenio Méndez, del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD); Miguel Angel Peguero Méndez, del Partido Popular
Cristiano (PPC); y Rafael Méndez y Pablo Santana, del PLD.
Los
legisladores reaccionaron de ese modo ante la demanda incoada por
la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), a
través de una acción cautelar, para que se disponga el cierre de al
Licorera La Altagracia y de otras empresas establecidas en la zona fronteriza
al amparo de la ley 28-01.
La AIRD
interpuso un recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión
de los permisos de operación de las industrias fronterizas alegando que
se vulneran los derechos de sus asociados porque alegadamente las
decisiones del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
provocan una distorsión en el mercado nacional.
Los
senadores y diputados expresan en su declaración que la región que
representan atraviesa actualmente por una dramática situación debido a
las inundaciones del Lago Enriquillo, por lo que consideran inaceptable
la petición contra la única industria que opera en al zona.
Recuerdan
que el artículo 10 de la Constitución de la República “declara de
supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico,
social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y
productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo
dominicano”.
El mismo artículo, apuntan los legisladores, dispone que
“Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y
programas de inversión pública en obras sociales y de
infraestructura” para asegurar el desarrollo de la zona.
“Los senadores y diputados de nuestras provincias hemos
acordado defender la inversión y preservar los escasos empleos que se han
creado en esta empobrecida zona del país en virtud de los incentivos de
la ley 28-0, y de manera particular el caso de la Industria Licorera La
Altagracia, dedicada a la producción, comercialización, importación y
exportación de rones, licores y otras bebidas alcohólicas, que se estableció en
el municipio de Galván acogiéndose precisamente al régimen jurídico instituido
por dicha legislación”, indican los legisladores.///
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