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domingo, 6 de septiembre de 2015

México: Puntos informe CIDH que contradicen versión oficial de los 43 estudiantes

México.- Estas son los principales puntos que contradicen la versión oficial del gobierno de México expuestas en el informe de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, en el sur de México el 26 de septiembre de 2014.
HAY MAS ATAQUES, MAS VICTIMAS Y MAS ACTORES
Las autoridades siempre mantuvieron que hubo ataques en tres lugares la noche del 26 de septiembre de 2014 protagonizados por policías locales de los municipios de Iguala y Cocula y por sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, todos supuestamente bajo el mando del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Según los expertos, hubo ataques en al menos nueve puntos distintos con un “aumento progresivo del nivel de agresión” y además de esas dos corporaciones participaron agentes municipales de Huitzuco, un pueblo cercano. Asimismo, algunas de las víctimas mortales no murieron en el lugar y el momento descrito por las autoridades.
Aunque oficialmente solo se habla de los 6 muertos, 43 desaparecidos y 22 heridos, los expertos cifran en 180 las “víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos” en los diferentes ataques de la noche del 26 de septiembre, la gran mayoría de ellos jóvenes y muchos menores de edad -como los miembros del equipo de fútbol que fueron baleados.
FUERZAS FEDERALES Y EJERCITO, AL MENOS, MONITOREARON TODOS LOS SUCESOS
Miembros de la Policía Estatal de Guerrero, de la Policía Federal y del ejército monitorearon y estaban informados de todos los movimientos de los estudiantes tanto antes de llegar a Iguala, como durante los ataques.
Según un documento oficial de Protección Civil de Chilpancingo, la capital de Guerrero, en “ciertos momento” de esa noche, las comunicaciones en el centro de control que conecta a todas las corporaciones de seguridad, el conocido como C-4, estuvieron “intervenidas” y “restringidas” por la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el ejército. Además, el alcalde de Iguala hizo llamadas telefónicas para informar de la situación y los ataques tanto a mandos de los tres cuerpos mencionados.
Además, elementos de la policía federal y militares estuvieron presentes en los dos únicos lugares de donde desaparecieron los normalistas y miembros del ejército estuvieron en la comisaría local y resguardando los dos lugares donde hubo víctimas mortales, uno de ellos, donde se localizó al estudiante que fue cruelmente torturado y desollado.
Las autoridades no prestaron ayuda a las víctimas.
La versión oficial, basada en los testimonios de cinco supuestos perpetradores del crimen, argumenta que los estudiantes fueron a enturbiar un acto del alcalde de Iguala y su esposa y que fueron confundidos con miembros de Los Rojos, un grupo criminal contrario a Guerreros Unidos, que es el que tenía control de Iguala y estaba infiltrado en las autoridades locales.
Los expertos aseguran que fue una acción con “coordinación y mando” ejercida con un objetivo de “alto nivel”. Sabotear la presentación del alcalde era un motivo inviable porque terminó antes de que llegaran los estudiantes.
Según su investigación, la meta era no dejar salir de la ciudad los autobuses que habían tomado los estudiantes y/o “castigar” a los jóvenes de la combativa escuela. Ponen como ejemplo que alguien al mando decidió liberar a los choferes de los autobuses porque la acción solo era “contra los normalistas”.
“Dada la evidencia, en ese momento, la Policía Municipal de Iguala no tenía elementos para suponer, ni siquiera erróneamente, que perseguía a “Los Rojos””, asegura el documento. “Sabían que se trataba de estudiantes”.
Según el informe, la “hipótesis más consistente” sobre el móvil del crimen y que no ha sido investigada por las autoridades es que la acción de toma de autobuses de los estudiantes para utilizarlos en una manifestación se cruzó con que uno de los autobuses que intentaron tomar podría estar vinculado el trasiego de heroína, cocaína o dinero entre Iguala y Chicago ya que vehículos como ese son utilizados para esos fines criminales, según investigaciones desarrolladas en Estados Unidos.
Ese bus desapareció de la versión oficial, aunque los estudiantes lo mencionaron desde el principio, y no fue atacado por las fuerzas de seguridad.
Los cinco acusados de ser perpetradores directos de la supuesta muerte e incineración de los 43 dijeron a los expertos que fueron torturados.
De acuerdo a la investigación de los expertos, no hay pruebas para afirmar que los estudiantes estén muertos ni tampoco que estén vivos. De esta forma, aunque el gobierno mexicano aseguró que los cadáveres de los 43 fueron calcinados en un basurero de Cocula, el informe asegura la “imposibilidad” de un escenario como el descrito por las autoridades: una hoguera en el basurero que duró doce horas y luego un trabajo de destrucción de los restos hasta convertirlos en ceniza y echarlos al río.
Los peritos consultados por los expertos consideran que no pudo darse un fuego de las características descritas por la fiscalía y no hay precedentes de que el grupo criminal Guerreros Unidos actúe de esta manera.
INACCIÓN, OCULTACION Y DESTRUCCION DE PRUEBAS
Diversas cámaras de seguridad que forman parte del sistema de vigilancia en Iguala “estaban inutilizadas” , algunas grabaciones fueron “destruidas” y objetos personales y ropa presuntamente de los estudiantes no fueron analizados ni mostrados a las familias hasta que el grupo de expertos lo exigió.
La fiscalía mexicana impidió al grupo de expertos interrogar a los militares que fueron testigos de los hechos. En algunos casos tardó más de seis meses en tomar declaraciones a testigos clave, como los choferes de los autobuses, y en otros supuso hipótesis que excedían la información disponible.

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