LA HABANA. El Gobierno de Colombia y las FARC iniciaron hoy un nuevo ciclo de sus diálogos de paz con el reto de avanzar hacia una tregua bilateral que prepare el camino para el acuerdo que, si se cumplen las previsiones, sellará el fin del conflicto armado en marzo próximo.
Durante este ciclo, que se prologará hasta el 13 de noviembre, ambas partes se enfocarán además a discutir el contenido del acuerdo marco de justicia transicional firmado en septiembre pasado.
“La ampliación de la democracia es lo que hará innecesaria la confrontación armada entre compatriotas”, aseguraron las FARC en un comunicado leído este martes al inicio del ciclo por el líder insurgente “Carlos Antonio Lozada” (alias de Luis Antonio Losada).
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se congratularon por el apoyo del Consejo Gremial Nacional colombiano al proceso de paz, hicieron también un llamamiento a poner fin a los rencores.
“Superar por la vía del diálogo un conflicto que sobrepasa medio siglo, implica derrotar los odios y las ansias de venganza. La justicia restaurativa es el camino para lograrlo”, señalaron los guerrilleros, quienes afirmaron que ninguno de los acuerdos logrados en La Habana “conspira contra la estabilidad de la nación”.
La firma de estos convenios “fortalecen” al país “en la medida que generan condiciones para que los colombianos podamos dirimir nuestras diferencias por la vía democrática”, indicaron las FARC.
Preguntado sobre la vigencia del plazo de seis meses para la paz, anunciado por el presidente Juan Manuel Santos durante la firma del acuerdo sobre justicia transicional y el histórico apretón de manos con el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, Lozada advirtió que se hablará de eso “cuando se cierre el tema justicia” en la negociación.
Santos ha anunciado la fecha del 23 de marzo para la firma del acuerdo de paz que se negocia en La Habana desde noviembre de 2012.
Antes de eso ambas partes se proponen acordar un cese el fuego bilateral para diciembre. Las FARC mantienen una tregua unilateral desde el pasado 20 de junio, pero han advertido de que su decisión peligra a causa de un aumento de las operaciones militares en su contra.
El pasado 28 de octubre el mandatario colombiano pidió a los negociadores de ambas partes realizar un esfuerzo para avanzar en el cierre de algunos puntos en las conversaciones y comenzar el 2016 con el cese bilateral de las hostilidades.
La guerrilla propuso después adelantar la tregua a mediados de diciembre y Santos se mostró de acuerdo y pidió ayuda a la ONU en la verificación internacional.
En Bogotá, el Frente Amplio por la Paz, que aglutina a organizaciones sociales y políticas de la izquierda colombiana, anunció hoy que viajará la próxima semana a La Habana para ayudar a que continúe el alto el fuego unilateral de las FARC y colaborar en el objetivo de que los negociadores del Gobierno y la guerrilla “avancen hacia el cese bilateral”.
Delegación contrastará denuncia de las FARC
La delegación que viajará a Cuba contrastará las advertencias de las FARC sobre el riesgo de no poder continuar con el alto el fuego unilateral debido a los operativos militares.
Esta comprobación se hará con una metodología específica pero también de forma presencial en algunas regiones de Colombia especialmente golpeadas por el conflicto armado, tales como Caquetá, Meta, Catatumbo, Cauca y el Urabá chocoano.
El Frente advirtió que, a falta de contrastar datos, algunas de las denuncias presentadas por la guerrilla coinciden con sus investigaciones a la hora de señalar “tendencias peligrosas para el proceso de paz”, entre las que destacan “el aumento de la presencia paramilitar y el aumento del pie de fuerza”.
La semana pasada viajaron también a La Habana representantes del Congreso de Colombia, los cuales se reunieron con la guerrilla para “compartir” los instrumentos legislativos con que se refrendarían los futuros acuerdos de paz.
El presidente del Senado, Roy Barreras indicó a los medios que el Congreso insistió en que esperan que los argumentos dados permitan entender a las FARC que este “mecanismo de refrendación popular” es el “más legítimo” para garantizar la seguridad en pos de dar “el paso definitivo hacia la paz y la democracia”.
Sin embargo, según dijo hoy Carlos Antonio Lozada, la insurgencia “dejó claro” su rechazo a esta propuesta “unilateral”, en la que “no se ven reflejados” los guerrilleros y aseguró que creen que es “una Asamblea Nacional Constituyente la que debe cumplir el papel de refrendar los acuerdos”.
A pesar de las diferentes interpretaciones en los asuntos pendientes, la guerrilla insistió en favorecer el “debate civilizado” en un “nuevo escenario político” que “supere el limitado marco actual”.
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