SANTO DOMINGO. El encendido de la caldera a vapor de la unidad número uno de la central termoeléctrica, Punta Catalina, por parte del presidente Danilo Medina y las autoridades del sector eléctrico, convierten al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, en el personaje de la semana.
Este encendido se hace en momento en que el sector eléctrico está rebasando una crisis que se produjo en el servicio eléctrico tras las instalaciones de AES Andrés resultar afectadas por el impacto de un rayo. Por este tema, el 14 de septiembre Rubén Bichara dijo públicamente que los sobrecostos que tendrá el Estado dominicano para normalizar el servicio del sistema eléctrico a la población producto de la salida de AES Andrés del sistema, serán responsabilidad exclusiva de la generadora. A esta situación de AES se sumó la eventual salida, por mantenimiento programado, de las generadoras Barahona Carbón (de EGE-Haina) y Compañía Eléctrica San Pedro de Macorís (CESPM).
Diez días después, los ejecutivos de la generadora AES Andrés informaron al presidente de la República, Danilo Medina, que adicionaron 110 megavatios al sistema eléctrico dominicano y que en 30 días entrarán en funcionamiento otros 120, lo que mitigará la crisis actual del suministro regular de las distribuidoras de electricidad, tras las salidas recientes de sus unidades de generación.
El mismo día del encendido de Punta Catalina (11 de octubre 2018), el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, dijo que, hasta ahora, se han invertido US$2,117 millones en la central Termoeléctrica. De esa cantidad se han invertido US$291 millones provenientes del financiamiento europeo de SACE, US$595 millones de los bonos soberanos y US$1,231 millones de recursos propios del Estado.
El funcionario defendió la decisión del Gobierno de crear un fondo de contingencia de US$336 millones para garantizar la terminación de la obra y condicionar su devolución o entrega definitiva en la sentencia que dicte el tribunal de arbitraje internacional donde el Estado defenderá la posición de no pagar más de US$1,945 millones como valor contractual de la obra.
Dijo que la CDEEE contrató a la firma de abogados Foley Hoag LLP para defender los intereses del Estado y enfrentar el reclamo de US$708 millones adicionales que hace el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella.
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