Tribunal ordena reapertura de discoteca y sanciona al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional.
SANTO DOMINGO.- La Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo ordenó la reapertura inmediata de la discoteca Roar Wave Club, ubicada en el Hotel Acuariun, en la Avenida España, Santo Domingo Este. Esta decisión fue tomada tras comprobar que el cierre anterior del establecimiento fue llevado a cabo de manera arbitraria por agentes de la Policía Nacional, vulnerando derechos fundamentales.
En su decisión, el tribunal autorizó que el establecimiento pueda operar de forma continua durante las 24 horas del día. La sentencia, identificada bajo el número 546-2025-SSEN-00227 y emitida el 23 de julio de 2025, también impone sanciones al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, quien deberá pagar un astreinte de RD$30,000 por cada día de retraso en el cumplimiento de esta disposición judicial.
La jueza María S. Cordero fue la encargada de dictar la medida. En su resolución, el tribunal concluyó que los agentes actuaron sin una orden formal emitida por autoridad competente, lo que representó una clara actuación fuera del marco legal permitido en este tipo de situaciones.
El abogado defensor, Vinicio Aquino Figuereo, calificó la sentencia como un hecho sin precedentes en la historia legal del país. Según sus declaraciones, esta es la primera vez que un tribunal impone una condena de esa magnitud contra un alto funcionario policial en la República Dominicana. Además, expresó que este fallo representa una señal positiva sobre la correcta aplicación de justicia en el país.
El tribunal acogió el recurso de amparo interpuesto por la defensa, en el que se argumentó que el cierre fue ejecutado sin las debidas autorizaciones judiciales. Esta posición fue validada por la corte, que destacó la importancia del respeto a los procedimientos establecidos por la ley.
Asimismo, el tribunal ha fijado para el próximo 29 de julio a las 9:00 a.m. la lectura íntegra de la decisión, fecha en la que ambas partes han sido formalmente convocadas. En esa audiencia se conocerán todos los detalles del dispositivo legal emitido.
Con esta sentencia, la autoridad judicial establece un precedente significativo en cuanto a los límites de actuación de los cuerpos policiales, remarcando la necesidad de ceñirse a los principios constitucionales en toda intervención oficial.
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