Martxelo Otamendi Egiguren, ex director de un periódico publicado en euskera, fue detenido en 2003 por la policía por sospechas de tener vínculos con la organización separatista ETA.
El periodista, sobreseído luego, se querelló ante la justicia española por malos tratos sufridos mientras estuvo detenido, pero sin obtener razón.
Los jueces de Estrasburgo "consideraron que las investigaciones efectuadas no fueron lo suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias del artículo 3" de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y "las penas o tratamientos inhumanos o degradantes".
El denunciante había declarado al médico encargado de examinarlo que los policías lo habían "amenazado con la tortura llamada de la bolsa que consiste en asfixiar al sujeto cubriéndole la cabeza con una saco en materia plástica", según la CEDH.
Por otra parte, afirmaba haber sufrido golpes de intimidación en los órganos genitales y un disparo simulado junto a la sien.
Otamendi no pudo beneficiar de la presencia de un abogado durante su detención provisional, procedimiento normal en caso de operación antiterrorista. Por el contrario un médico intervino en cuatro ocasiones, sin constatar herida física.
Los jueces de Estrasburgo consideraron que ninunga investigación seria había sido efectuada después de la denuncia del periodista.
Las partes disponen de tres meses para apelar ante la Gran Corte, instancia suprema de la CEDH, que puede decidir no reexaminar el expediente.
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