"No pueden simplemente hacer dinero e irse a Miami", aseveró Zoellick, durante el evento sobre la creciente violencia en América Central producto del crimen organizado, al margen de las reuniones de la primavera boreal del BM y del Fondo Monetario Internacional en Washington.
Zoellick rechazó una creencia arraigada en AL de que el Estado y el sector privado tienen diferentes áreas de acción. Los empresarios "tienen que ser capaces de participar y de hacer que la democracia funcione en sus propios países, porque de otro modo todos estos esfuerzos que hemos hecho en la década pasada" se diluirán, advirtió Zoellick. Es vital "asegurar que el sector privado y sus voces sean parte de la solución", dijo la subsecretaria de Estado norteamericana para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, María Otero.
"El hecho de que muchos de los ricos en América Latina no han pagado su parte justa de los impuestos es una de las razones por las cuales los servicios necesarios para proteger a los ciudadanos (...) no han estado a su alcance", afirmó Otero. La funcionaria norteamericana saludó las iniciativas legislativas aprobadas en Guatemala, Costa Rica y Honduras para ampliar la recaudación fiscal, lo que a su vez redunda en mayores recursos que pueden ser dedicados a programas que reviertan la penetración del crimen organizado en las sociedades. Según un informe del Banco Mundial divulgado el año pasado, la creciente criminalidad en América Central acarrea costos del 8% del PIB.
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