Breve resumen de los proyectos de ley anti-inmigrantes que actualmente cursan en la Cámara de Representantes y que podrían terminar 'arizonizando' a Pensilvania.
SB 9 y HB 41
Conocidas como ‘Ley de Verificación de Ciudadanía para Acceso a Beneficios Públicos’. De ser aprobadas, las normas impondrían a cada agencia estatal y local la verificación obligatoria del estatus migratorio como “pre-requisito” para quienes intenten acceder a beneficios tales como préstamos, welfare, subsidios de vivienda, salud, comida y estudiantiles entre otros.
El proyecto de ley incluye la licencia de conducción, pasaporte estadounidense, tarjeta militar o cualquier otro tipo de documento expedido por una agencia nacional o estatal como forma válida de identificación para dicho propósito.
La norma también prevé sanciones incluidas en el numeral 4904 del capítulo sobre Crímenes y Ofensas de la Constitución estatal, que impone multas de hasta 1.000 dólares contra las personas que enfrenten cargos por falsedad en documento público.
Estas iniciativas fueron presentadas el 19 de enero por el senador republicano del Distrito 25, Joseph Scarnati, y el representante republicano del Distrito 105, Ron Marisco.
HB 439
Esta iniciativa, radicada el 4 de febrero por el representante republicano del Distrito 44, Mark Mustio, y conocida como la “Ley de Licencias Profesionales y Empleo Ilegal”, fue discutida la semana pasada. De entrar el vigor, la norma prohibiría el empleo de trabajadores indocumentados y sancionaría con revocatorias de licencias comerciales y profesionales a quienes, conociendo el estatus migratorio de un indocumentado, lo mantengan en su trabajo.
HB 738
Conocida también como la “Ley de Apoyo a la Aplicación de la Ley y Seguridad de los Barrios”, esta propuesta es quizá la que reúne el espíritu de las anteriores. Además de ser la de mayor extensión (18 páginas), fue radicada el 17 de febrero por 38 miembros del legislativo liderados por Daryl Metcalfe.
“Las disposiciones de esta ley tienen la intención de desalentar e impedir la entrada, presencia y actividad económica de las personas que están ilegalmente en EE.UU.”, según se lee en numeral 5 de la Sección 2.
Entre las previsiones, se destacan la obligatoriedad de la implementación del sistema de verificación de indentidad, E-Verify, en todas las entidades públicas de Pensilvania y la eliminación de prohibiciones a agentes de la policía para que arresten y trasladen a custodia de autoridades federales a personas sospechosas de ser indocumentadas.
HB 798
Este proyecto busca modificar la Sección 2 del capítulo sobre Crímenes y Ofensas de la Constitución de Pensilvania, agregándole el numeral 9112 que obligaría a las autoridades policiales locales a “determinar el estatus migratorio” de cualquier persona que resulte “arrestada por cualquier delito sin importar su origen, raza o etnia”.
El proyecto prácticamente convertiría a los miembros de policía en agentes de ICE pagados por el estado. El proyecto fue radicado por el representante republicano del Distrito 37, Tom Creighton, el 23 de febrero.
HB 799
La “Ley de Cumplimiento de Seguridad e Inmigración” es una iniciativa con la que Creighton, Metcalfe y compañía buscan la firma de un “acuerdo de entendimioento” dirigido a homologar las operaciones policiales estatales con las directrices de los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia.
La iniciativa prevé el entrenamiento de agentes estatales por agendes federales en temas de inmigración.
HB 801
En términos generales, esta iniciativa tiene como objetivo darle luz verde a las autoridades estatales y locales para que puedan arrestar y procesar a cualquier persona que parezca indocumentada.
En la sección uno, literal “a”, la propuesta sostiene que “ningún oficial o agencia del Estado u otra subdivisión política podrá adoptar medidas que limiten o restrinjan la aplicación de leyes federales” en Pensilvania.
En los literales “d”, “e” y “f”, el proyecto prácticamente legaliza la criminalización de los inmigrantes dándole facultades a la Policía para que detengan, procesen y entreguen a las autoridades federales a cualquier persona que cuyo estatus migratorio sea “razonablemente” susceptible de sospechas.
HB 809 y HB 810
Estos proyectos de ley fueron radicados ante el Comité de la Cámara de Representantes por Scott Perry el 24 de febrero. El primero -Ley de Protección de Beneficios Públicos- concibe el bloqueo de recursos económicos que puedan ser utilizados en beneficio de inmigrantes indocumentados. El segundo -Ley de Sanciones Económicas contra ‘Santuarios Municipales’- prevé multas contra las administraciones locales que “incentiven la inmigración” de indocumentados.
HB 856
El propósito de esta iniciativa, radicada el primero de marzo, es agregar al captítulo de Crímenes y Ofensas de la Constitución de Pensilvania el delito de tráfico y contrabando de personas, como ofensiva contra quienes sirven de facilitadores de la inmigración.
En palabras de su ponente, el representante republicano del Distrito 89, Rob Kauffman, “la presencia ilegal de extranjeros en suelo estadounidense es el resultado del tráfico y contrabando de personas”.
HB 474
La 474 es una de las iniciativas más polémicas. Su objetivo es evitar que los niños nacidos en suelo estadounidense y de padres indocumentados adquieran automáticamente la ciudadanía.
Esta es una de las iniciativas más polémicas en tanto a la sensibilidad del tema. De resultar aprobada, la norma, radicada el primero de marzo por Jim Cox, le quitaría el derecho de la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos y cuyos padres sean inmigrantes indocumentados.
La iniciativa prevé la integración del Gobierno de Pensilvania al Acuerdo Interestatal de Expedición de Cerfiticados de Naciomiento a Extranjeros No Sujetos a la Jurisdicción de Estados Unidos.
HB 355
Propuesta del representante demócrata Harry Readshaw que busca introducir una enmienda al Código administrativo de 1929, según la cual está encaminada a proteger los intereses de los contribuyentes y ciudadanos de Pensilvania.
HB 858
Esta iniciativa de Metcalfe habla sobre la aplicación de las propuestas HB 439, 738, entre otras, sobre la prohibición del empleo de indocumentados; el empleo de E-Verify como condición para licitar con el Gobienro estatal; la prohibición de exenciones fiscales a negocios que empleen a indocumentados, etc.
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