"No puedo seguir con esta angustia. Estoy desorientada. Necesito unos 4,500 dólares para pagar el retiro de las prótesis y el recambio. No los tengo y tendría que endeudarme", señaló Damonte al margen del encuentro. La ansiedad del grupo se remonta a abril de 2010, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la importación, comercialización, venta y uso de las prótesis fabricadas por la empresa francesa Poly Implant Protheses (PIP), luego de una decisión similar en Francia.
El organismo aconsejó además a las mujeres a hacerse controles periódicos y a los médicos a reportar la información sobre el seguimiento al ministerio de Salud. Si bien no hay cifras oficiales sobre el número de prótesis colocadas en el país, varios abogados consultados lo estimaron en entre 13,000 y 15,000, teniendo en cuenta el total de prótesis importadas que registra el ANMAT. "La idea es formar un grupo de afectados, tanto de los que tuvieron problemas hasta ahora como de los que no”, afirma Virginia Luna.
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