SANTIAGO DE CHILE. Un nuevo informe oficial sobre la dictadura de Augusto Pinochet, el tercero en 20 años de democracia, eleva a más de 40.000 las víctimas de ese régimen, entre ellas 3.225 muertos o desaparecidos.El documento entregado este jueves por la Comisión Valech, que actualiza otro informe que hizo en 2004, acreditó 9.800 nuevas víctimas de torturas y prisión política, que se suman a las 27.255 reportadas inicialmente, y 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados, que se agregan a los 3.195 certificados oficialmente hasta ahora.
De esta manera, el total de víctimas oficiales entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años que se extendió la dictadura de Pinochet (1973-1990) subió a 40.280, aunque entre las agrupaciones de víctimas se estima que la cifra puede superar los 100.000.
"No nos cabe duda de que esto es un nuevo paso en el abordaje, en las políticas públicas que ha tenido el Estado de Chile en relación a las violaciones de derechos humanos en el tiempo de la dictadura", dijo María Luisa Sepúlveda, presidenta de la Comisión, tras entregar el informe al presidente Sebastián Piñera.
La Comisión reabrió su trabajo por 18 meses y recabó en total el testimonio de más de 32.000 personas, pero la mayoría de éstas quedó finalmente fuera del reporte tras hacerse verificaciones o porque no estaban dentro de los parámetros que se definieron para la calificación de víctimas.
"Hay personas como los hijos de víctimas que sufrieron allanamientos violentos, donde sus padres fueron víctimas de prisión y a veces de ejecución, y que no están dentro del mandato porque no fueron víctimas directas", explicó Sepúlveda.
"Hay otros casos que estaban fuera de mandato porque no se pudo probar la motivación política de los casos o por falta de antecedentes", agregó.
"Es altamente preocupante los criterios que se usaron para calificar a las nuevas víctimas. Por el nivel de represión que hubo en los 17 años de dictadura y el número de denuncias, el número de víctimas puede pasar de 100.000", dijo a la AFP Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Pizarro criticó además que se planteen plazos para recibir los antecedentes y exigió el establecimiento de una entidad que permanentemente acoja a las víctimas.
"No es posible enmarcar en plazos la recepción de los casos. Hay muchas víctimas que aún no pueden superar el trauma, están fuera de Chile o simplemente tuvieron algún problema para asistir", alegó.
Los nuevos acreditados recibirán los mismos beneficios establecidos para las anteriores víctimas: una pensión mensual de unos 250 dólares, más beneficios en salud y educación.
"Los beneficios a los cuales acceden las personas calificadas están establecidos en la propia ley y corresponden a los que están recibiendo las personas que fueron calificadas la vez anterior", explicó Sepúlveda.
"Tanto las leyes para las víctimas no sobrevivientes, como ejecutados políticos y desaparecidos, como las leyes de los presos políticos se aplican a todas las personas que hemos calificado esta vez", agregó.
En 1991, un año después del fin de la dictadura de Pinochet, un informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig (por el jurista Raúl Rettig), certificó 2.296 casos de desaparición forzada y ejecuciones.
Un año más tarde, se acreditaron otros 899 casos calificados de violaciones a los derechos humanos.
En 2003 se creó la Comisión Valech (presidida por el obispo Sergio Valech) para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas durante la dictadura.
Esta Comisión buscaba complementar la labor de la Comisión Rettig, que se concentró en muertos y desaparecidos.
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