Para la LDH, la reforma prevista de la normativa en materia de inmigración por parte del Gobierno de Sarkozy es una medida “antiextranjera para cazar a los sin papeles” no compatible con la Constitución francesa, que preconiza un “respeto igual a todos los ciudadanos". La ONG criticó también al Gobierno por “cuestionar las nacionalizaciones de franceses de origen extranjero” y por someter a estas personas a una “presunción de delincuencia".
En contraposición con los valores republicanos, la LDH apuntó a una “exacerbación de un sistema (...) que asfixia los verdaderos debates políticos y atenta contra la separación de poderes". Para incitar a los partidos a “acabar con las políticas del miedo y de la discriminación”, la Liga informó de que ha firmado con otras cincuenta asociaciones y sindicatos un “Pacto para los derechos de la ciudadanía”.
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