Comunidad dominicana denuncia persecución policial Puerto Rico

                                                           San Juan. EFE.  El Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDH) denunció ayer  la presunta persecución de que es objeto esa comunidad por parte de la Policía de Puerto Rico y en particular la que ejerce la Guardia Municipal de San Juan.  
El presidente de la CDH, Esteban Reyes, señaló ayer en una conferencia de prensa que la Guardia Municipal de San Juan exige documentos migratorios a cualquier persona con apariencia dominicana, inspirándose en la polémica ley SB1070 de Arizona, según su versión.   Reyes puso como ejemplo el caso de la ciudadana dominicana Niove Then Calcaño, vecina del distrito de Santurce de San Juan, a la que un agente policial le ha impuesto dos multas, de 500 y 1.000 dólares, en el plazo de meses, por supuesta violación de normativa de ingesta de alcohol en vía pública y de la de ruido.   Reyes se refirió a varios casos concretos más que, en su opinión, dan muestra del trato discriminatorio de las autoridades policiales contra la comunidad dominicana en Puerto Rico. 
“Cómo es posible que el alcalde de la ciudad capital anuncie que es amigo de la comunidad dominicana y que por otro lado tenga a su guardia municipal atacando y persiguiendo a sus miembros”, dijo Reyes. 
El presidente de la Junta de Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico, Osvaldo Burgos, denunció el pasado día 13 atropellos contra la comunidad dominicana, durante la presentación en San Juan del Informe 2011 de los Derechos Humanos en el Mundo.  
El informe se refería además a las malas condiciones del núcleo de viviendas ilegales de la Comunidad de Villas del Sol, en Toa Baja, con un elevado número de vecinos dominicanos.  
200 mil dominicanos.-  Se calcula que la comunidad dominicana en Puerto Rico asciende a 200,000 personas, aunque se trata de una estimación dada la falta de datos oficiales.
Un informe de 2010 destacaba que  que en "Villas del Sol" se cortó el servicio de luz y agua, para restablecerse más tarde de forma temporal.
En noviembre se presentó una queja en nombre de esa comunidad a la Organización de Naciones Unidas por la falta de condiciones de habitabilidad del poblado.
Mientras que el cónsul de la República Dominicana en San Juan, Máximo Taveras, había denunciado en esas fechas xenofobia contra sus compatriotas.
Antecedentes
El informe de Amnistía
En 2010
Ilegales dominicanos residentes en “Villas del Sol” en la localidad de Toa Baja, carecen de las condiciones mínimas de habitalidad, denunció el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en Puerto Rico, Pedro Santiago. En la presentación del Informe 2010 de Amnistía Internacional sobre derechos humanos en el mundo, Santiago dijo que el grupo de dominicanos continuaba, en ese entonces, sin servicio de agua y luz y no se sabía dónde serían reubicados los desalojados. Detallaba que  Luis Fortuño desalojó en Toa Baja a una comunidad de 211 familias, "muchos de cuyos de miembros eran de la RD".