normas que requieren que todo aquel que traiga 10,000 euros (14,000 dólares) o
más a la Santa Sede debe declarar ese dinero, la última iniciativa para sumar a
la Santa Sede a las normas financieras internacionales. La norma fue adoptada
el mismo día que la Santa Sede amplió y puso en vigencia las normas contra el
lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la creación de un
nuevo organismo supervisor financiero encargado de asegurar la transparencia en
las finanzas vaticanas.
El Vaticano anunció la medida el 20 de diciembre para cumplir las normas
sobre tránsito de divisas de la Unión Europea y disipar su imagen de un paraíso
fiscal con reputación de secretos y escándalos. Mientras tanto, el banco del
Vaticano sigue implicado en una pesquisa sobre lavado de dinero que ocasionó la
confiscación de 23 millones de euros (31 millones de dólares) y la investigación
en septiembre dos de sus directivos. El Vaticano ha negado haber cometido
alguna irregularidad y dijo que la investigación del banco, llamado Instituto
para las Obras Religiosas, ocasionó un malentendido que espera sea aclarado. Los
fiscales no han acusado de delito o falta alguna a los directivos.
El banco fue creado para gerenciar los activos a su cuidado que son
destinados a las obras religiosas o de caridad del Papa. Empero, regenta además
los cajeros automáticos dentro del Vaticano y el plan de pensiones de los miles
de empleados del Vaticano.
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