Madrid. El juez español Baltasar Garzón, condenado e
inhabilitado en España, será finalmente expulsado de la carrera judicial el 23
de febrero, aniversario del fallido golpe de Estado que en 1981 dieron algunos
mandos militares contra la joven democracia española.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió hoy de forma ordinaria
y acordó incluir en el pleno que celebrará el 23 de febrero la ejecución de la
sentencia del Tribunal Supremo, que la semana pasada inhabilitó por 11 años a
Garzón, según informaron fuentes de este órgano de Gobierno de los jueces.
El Tribunal Supremo condenó a Garzón por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por haber ordenado escuchar las conversaciones en prisión entre los imputados de una red de corrupción que afecta a ex altos cargos del gubernamental Partido Popular y sus abogados.
El juez más conocido de España por, entre otras, su lucha contra ETA, y en el exterior por perseguir a los represores argentinos o al dictador chileno Augusto Pinochet, fue condenado a “once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos".
La condena de Garzón ha generado una oleada de críticas tanto en España, desde sectores de la izquierda y organismos de derechos humanos, como en el extranjero.
El Tribunal Supremo condenó a Garzón por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por haber ordenado escuchar las conversaciones en prisión entre los imputados de una red de corrupción que afecta a ex altos cargos del gubernamental Partido Popular y sus abogados.
El juez más conocido de España por, entre otras, su lucha contra ETA, y en el exterior por perseguir a los represores argentinos o al dictador chileno Augusto Pinochet, fue condenado a “once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos".
La condena de Garzón ha generado una oleada de críticas tanto en España, desde sectores de la izquierda y organismos de derechos humanos, como en el extranjero.
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