miembros de ETA, mientras el gobierno advirtió que seguirán las detenciones
hasta que el final del grupo separatista vasco sea definitivo.
Los cuatro sospechosos formaban un comando estable y fueron detenidos de
madrugada en la provincia vasca de Vizcaya. En las posteriores redadas, los
agentes encontraron hasta 200 kilos de material para fabricar explosivos, además
de diversa documentación.
Las primeras investigaciones apuntan a que los etarras podrían estar
implicados en el asesinato del inspector de policía Eduardo Antonio Puelles en
2009 y la colocación de un potente coche-bomba en una casa cuartel de la Guardia
Civil en Burgos el mismo año.
``La política antiterrorista no ha cambiado y ésta es la prueba del nueve
y es así porque ETA no ha dejado la violencia'', dijo el ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, en rueda de prensa. ``Mientras no lo haga, la Guardia
Civil y la Policía seguirán deteniendo hasta que el final de ETA sea
definitivo''.
La organización armada declaró en septiembre una tregua unilateral y en
enero amplió la declaración a ``alto el fuego permanente, general y
verificable'' por la comunidad internacional, pero sin mencionar un posible
abandono de las armas.
Rubalcaba, en la misma línea de los últimos meses, recalcó que el gobierno
socialista no está dispuesto a negociar y que lo único que espera del grupo
vasco es su disolución y el abandono definitivo y sin contraprestraciones de la
violencia.
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