Prestaba y lavaba dinero a empleados portuarios‏

                                                                  NUEVA JERSEY, NJ---La Fiscal General Paula T. Dow, el director de Justicia Criminal Stephen J. Taylor de New Jersey y el Comisionado de Waterfront Commission of New York Harbor Ronald Goldstock anunciaron este lunes la acusación formal en contra de dos hombres por cargos de usura y lavado de dinero en relación con una investigación conjunta por la presunta extorsión de dinero a los trabajadores portuarios de los Puertos de New York y New Jersey.


Joseph Queli, de 64 años, de Wall, y Nicholas Bergamotto, de 63 años, de Newark, fueron acusados por un jurado investigador estatal por cargos de usura y lavado de dinero a petición de la División de Justicia Criminal.

La esposa de Queli, Regina Queli, de 62 años, fue acusada junto con él, por cargos de lavado de dinero y evasión de impuestos presuntamente por no informar en sus planillas de sus impuestos.

Se alega que, como parte del operativo criminal efectuado, Queli hizo préstamos con tasas de interés propias de un usurero, que van de 78 hasta 156 por ciento por año. Queli, actuando en nombre propio, se presume demandaba los pagos semanales de los miembros del sindicato de 1 ½ a 3 por ciento de interés de la cantidad del préstamo.

En cuanto a Bergamotto, se presume que entregaba el dinero que había recaudado en dichos préstamos a Queli, quien ha sido acusado de robo por extorsión porque se presume que amenazó con causar lesiones corporales a un hombre si no efectuaba los pagos de los préstamos.

La acusación de nueve cargos en contra de Queli y Bergamotto incuyen conspiración (en segundo grado) y lavado de dinero (en segundo grado). Queli es acusado por separado por robo (en segundo grado) y conspiración (segundo grado).

Joseph y Regina Queli también deben responder por cargos adicionales: conspiración (en segundo grado) lavado de dinero(segundo grado), falsas planillas de impuestos(tercer grado) y por incumplir el pago de impuestos (tercer grado).

Los delitos en segundo grado se castigan con sentencias máximas de 10 años de cárcel y el pago de $150,000 en multas. Los delitos en tercer grado se castigan con sentencias máximas de 5 años y el pago de multas de $15,000.